- El crecimiento de la inteligencia artificial en la educación superior plantea riesgos y oportunidades para el derecho de autor y el resguardo de obras protegidas.
- Esta semana, también hubo anuncios del gobierno australiano para avanzar en la regulación de la IA y un grupo de editoriales estadounidenses presentó una nueva demanda colectiva contra Google donde les acusan de infringir derechos de autor.
Desde el pasado 1 de julio, el Copyright Clearance Center incluyó nuevos usos en la “Licencia Anual de Derechos de Autor para la Educación Superior (ACLHE)” con el objetivo de autorizar la reutilización de obras en sistemas de inteligencia artificial para uso interno en los centros académicos. Conforme a esta licencia, las universidades podrán generar resúmenes, entrenar chatbots, elaborar sugerencias y estrategias para fortalecer sus investigaciones.
La entidad de gestión colectiva, a través de un comunicado, informó que esta modalidad “complementa las suscripciones de las instituciones y permite a profesores, investigadores, estudiantes y el personal reutilizar contenido protegido por derechos de autor en los sistemas de gestión del aprendizaje, materiales de cursos impresos y electrónicos, reservas de bibliotecas tradicionales y reservas electrónicas, e incluso para usos internos en sistemas de IA”.
Esta innovación que establece autorizaciones específicas sobre uso de obras en las plataformas tecnológicas, representa un avance en los mecanismos de licenciamiento de la propiedad intelectual con el entorno académico en un contexto marcado por la masiva implementación de la inteligencia artificial en los planteles académicos a nivel global.
Uso de la propiedad intelectual en plataformas de IA
Según un informe de EDUCAUSE, una plataforma multilateral que promueve la tecnología en el entorno académico, expuso que el 47% de las universidades encuestadas en 2025 identificó “las infracciones al derecho de autor” entre los riesgos más urgentes de la IA en sus respectivos planteles.
A diferencia de la licencia CCC, en Chile no existen mecanismos de licenciamiento que autoricen el uso de obras protegidas en estas plataformas aun cuando las universidades están avanzando en la conformación de unidades para fijar estándares de IA en sus campus.
La urgente regulación de la IA en el mundo
Esta semana, el gobierno australiano anunció iniciativas de ley para garantizar la protección de escritores, artistas y periodistas respecto de la propiedad y el control de sus obras sobre la base de un marco equilibrado donde los titulares de derechos puedan autorizar el uso en las plataformas de IA con una debida compensación y reconociendo el valor de sus obras.
En su discurso en la Universidad de Sydney, el primer ministro, Anthony Albanese, recalcó que “ninguna empresa debería utilizar libros, música, arte o noticias australianas para crear o entrenar inteligencia artificial sin el control del artista” y también presentó otras medidas para regular el consumo energético de los data centers, junto con la creación de una “Oficina de Inteligencia Artificial” radicada en su gabinete para contribuir a las políticas públicas en esta materia.
El uso no consentido de la propiedad intelectual es un problema latente que ha escalado hasta instancias judiciales.
También esta semana, un grupo de destacadas editoriales estadounidenses encabezadas por Hachette Booking Group, Cengage y Elsevier, presentaron una demanda colectiva contra Google donde acusan el uso de obras protegidas para entrenar su modelo de inteligencia artificial generativa Gemini sin la autorización de los titulares de las obras y denunciaron que la empresa tenía conocimiento de las infracciones legales cometidas.
El escrito judicial sostiene que la “infracción continua” afecta a editoriales y otros grupos por la venta de libros y artículos de revistas, además de facilitar la creación de obras sustitutas. Por esto, los demandantes requirieron al tribunal que emita una orden para cesar las actividades ilícitas en las que incurre la compañía y una indemnización por los perjuicios.
Una nueva demanda que acumulan los tribunales estadounidenses contra las empresas desarrolladoras de IA por transgredir la normativa sobre propiedad intelectual y afectar a los titulares de derechos de autor.